• La plataforma celebra la propuesta del Ministerio de Educación, pero advierte de que mejorar la calidad sin garantizar una plaza pública para toda la infancia puede dificultar el acceso a una etapa educativa esencial y perjudicar la corresponsabilidad.

La Plataforma por Permisos Igualitarios de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) valora positivamente la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de reducir progresivamente las ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de educación infantil hasta el curso 2030/2031. La medida plantea ratios de 4 niñas y niños entre 0 y 1 año, 6 entre 1 y 2 años y 8 entre 2 y 3 años, lo que supone, grosso modo, reducir a la mitad el número de criaturas que educa y cuida cada docente. Esta medida puede suponer una notable mejora de la calidad del servicio y de las condiciones laborales del profesorado.

Sin embargo, desde PPiiNA se señala que la propuesta no aborda una cuestión esencial como es el derecho de toda la infancia a la educación en el primer ciclo de educación infantil. Una mejora de la calidad de un servicio fundamental de educación y cuidado, como es el primer ciclo de educación infantil, sin garantizar una plaza para cada criatura, puede tener consecuencias negativas. Si con el mismo profesorado se atiende a la mitad de población, ¿qué ocurrirá con el acceso a este ciclo, tan importante para el bienestar infantil y la corresponsabilidad? Si el acceso ya es reducido, sin un plan de expansión de plazas esta situación podría empeorar.

Por ello, la PPiiNA considera imprescindible que la mejora de la calidad sea simultánea a la universalización del derecho a la educación en el primer ciclo de educación infantil. La creación del número suficiente de plazas públicas y gratuitas requerirá un plazo de implantación, pero resulta absolutamente necesario que la reforma del sistema educativo incorpore este objetivo de universalización.

La plataforma recuerda que constituye una anomalía de nuestro sistema educativo que un ciclo tan relevante quede excluido del derecho universal a la educación y que las administraciones educativas no tengan la obligación de ofertar plazas suficientes para cubrir la demanda, como sí sucede en el segundo ciclo de educación infantil.

Además, la evidencia internacional demuestra que solo en aquellos países donde existe un derecho universal garantizado, con una plaza para toda la infancia durante al menos 30 horas semanales (seis horas al día), el acceso a este ciclo educativo es realmente efectivo para toda la población, incluida la infancia con progenitores con menores niveles educativos, menores rentas, familias migrantes o monoparentales.

Para mejorar el bienestar de la infancia y del personal educativo es necesario garantizar que cada niña y cada niño pueda acceder a una plaza pública de educación infantil en el primer ciclo, acompañado del incremento de la financiación necesaria para contratar nuevo personal, mejorar las condiciones salariales y ampliar las infraestructuras. Esta inversión permitiría avanzar en bienestar infantil, justicia social y corresponsabilidad.

La plataforma recuerda asimismo que, cuando faltan plazas de educación infantil de primer ciclo, además de la infancia -especialmente la más vulnerable, que es la que más se beneficia de una educación infantil de calidad, como demuestra una abundante y sólida evidencia empírica-, quienes también salen perjudicadas son las madres. Cada plaza de educación infantil que falta para alcanzar la universalización supone potencialmente una madre en situación de precariedad o penalizada en el mercado laboral.

PPiiNA considera que no es necesario renunciar a las mejoras de calidad ni a unas mejores condiciones laborales para el profesorado. Al contrario, ambas deben implantarse al mismo tiempo que la universalización, planificando el incremento de plazas y dotándolo de la financiación correspondiente.

Asimismo, la plataforma reitera la necesidad de reformar los permisos por nacimiento para que sean iguales, intransferibles y remunerados al 100 %, garantizando además la posibilidad de que ambos progenitores puedan turnarse en su disfrute a partir de la tercera semana. Esta medida permitiría que la gran mayoría de los bebés permanecieran cuidados en el hogar durante su primer año de vida, por lo que para alcanzar la universalización serían necesarias menos plazas, especialmente en el tramo de 0 a 1 año, donde las ratios son menores y el coste de aplicar simultáneamente ambas medidas es mayor.

Aunque el presupuesto dependerá de las condiciones definitivas sobre ratios, jornadas laborales y salarios, la PPiiNA considera que universalizar el acceso al primer ciclo de educación infantil constituye una inversión plenamente asumible, viable y necesaria.

La plataforma advierte de que bajar las ratios sin universalizar el derecho a la educación infantil de primer ciclo podría suponer un paso atrás, al mantener fuera del sistema educativo a una parte muy importante de la infancia y seguir expulsando o precarizando laboralmente a muchas mujeres.

Desde la PPiiNA celebramos la anunciada reducción de las ratios, así como cualquier otra mejora de la atención educativa y de las condiciones laborales de las profesionales de educación infantil pero también defendemos que toda la infancia pueda acceder a una escuela infantil pública, gratuita, de calidad y con horarios suficientes. Además, reivindicamos que cada criatura pueda incorporarse a la escuela desde el día siguiente a la finalización de los permisos por nacimiento de sus progenitores, sin tener que ocupar la plaza cuando el bebé apenas tiene cuatro meses o esperar al inicio del curso escolar en septiembre, como sucede con frecuencia en la actualidad. Solo así estaremos más cerca de que todas las madres y todos los padres puedan vivir en un entorno en el que la corresponsabilidad sea realmente posible.