En los últimos años se ha extendido la idea de que la equiparación de los permisos de nacimiento y adopción se aprobó sin debate social ni político. Sin embargo, esta afirmación no se corresponde con el proceso que llevó a su aprobación.

El punto de partida se sitúa en 2007, con la aprobación de la Ley de Igualdad en el Parlamento. Esta norma introdujo por primera vez el permiso de paternidad y lo definió como “la medida más innovadora”, señalando que era fundamental para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares.

A partir de ese momento, distintas asociaciones feministas que se habían movilizado por la introducción del permiso de paternidad ampliaron el objetivo y se agruparon en la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA). La propuesta defendida por la plataforma planteaba que cada progenitor tuviera el mismo derecho al mismo tiempo de permiso parental, con remuneración completa y carácter intransferible, diseñado para que tanto hombres como mujeres lo utilicen sin sesgos de género.

Desde 2007, este modelo fue objeto de debate durante más de una década en los medios de comunicación, en campañas electorales y en el Congreso de los Diputados, con la participación del movimiento feminista y de otros agentes sociales como sindicatos y partidos políticos.

El Parlamento también abordó esta cuestión en varias ocasiones. Tras distintas ponencias de estudio sobre corresponsabilidad y conciliación, en 2012 se presentó una propuesta de ley impulsada por el grupo de Izquierda Plural y apoyada por formaciones del Grupo Mixto. Ese mismo año, la Comisión de Igualdad del Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de ley sobre la equiparación de permisos no transferibles. Más adelante, en 2018, el pleno del Congreso aprobó también por unanimidad la toma en consideración de una propuesta de ley que establecía la equiparación de los permisos para todos los progenitores, como intransferibles y pagados al 100%.

La reforma finalmente se aprobó mediante Real Decreto-ley en marzo de 2019, impulsado por el Gobierno socialista. Algunos aspectos concretos del diseño final -como la obligatoriedad de seis semanas simultáneas o la falta de garantía plena para el uso flexible de las semanas voluntarias- no pasaron por un debate parlamentario específico.

En cualquier caso, el debate sobre la equiparación de los permisos se desarrolló durante más de diez años en el ámbito social, mediático y parlamentario, antes de su aprobación definitiva.