Ante la posible reedición del Gobierno de coalición, mientras la mayor parte de las energías políticas se enfocan en el interminable affaire territorial, el tema de los permisos para cuidado del menor se ha incluido de nuevo en el acuerdo de gobierno entre PSOE y SUMAR, pero sin mencionar la corrección de los problemas de la actual regulación. En este punto, la PPIINA quiere llamar la atención sobre lo ocurrido en la recién terminada legislatura en lo referente a esta política emblemática para el fomento de la crianza corresponsable entre mujeres y hombres. Nos gustaría que, en la nueva posible legislatura a punto de comenzar, no se reprodujeran los incumplimientos de la anterior.
El Gobierno de coalición, ahora en funciones, inició su andadura en 2020 con un acuerdo programático (acuerdo de “Coalición progresista” PSOE-UP[1]) que incluía en su punto 7.1 el compromiso de remover “las trabas al uso no simultáneo” del existente permiso por nacimiento y cuidado de menor. Clausurada la legislatura, este punto del acuerdo ha sido incumplido por el Gobierno, a pesar de las numerosas oportunidades que se le han presentado para hacer las pequeñas correcciones necesarias, las cuales, además, no hubieran implicado ni un Euro de incremento presupuestario. Las consecuencias de este incumplimiento han sido resaltadas una y otra vez por la PPIINA: los datos administrativos del INSS sobre el uso del permiso por nacimiento muestran un comportamiento consistente de los padres a lo largo de toda la legislatura; las “trabas al uso no simultáneo” reconocidas en el Acuerdo de Gobierno han provocado y siguen provocando, como ya anticipó la PPIINA, que mayoritariamente los hombres-padres no asuman su (co)responsabilidad de cuidado autónomo y que 3 de cada 4 criaturas solo reciban 16 semanas de cuidados en el hogar por parte de sus progenitores, cuando podrían estar recibiendo hasta 26 semanas (6+10+10) si las 10 semanas fraccionables del permiso se tomaran de manera sucesiva (entre madre y padre) con el padre cuidando autónomamente en ausencia de la madre durante sus 10 semanas. Este tiempo de cuidado en el hogar podría ser todavía mayor, hasta 30 semanas, y correlativamente la corresponsabilidad de los padres, si, como preconiza la PPIINA, se corrigen las trabas o “trampas” de la ley en el sentido de: A) reducir el tiempo de disfrute forzosamente simultáneo (entre madre y padre) a solo 2 semanas, en vez de las 6 semanas actuales (2+14+14=30 semanas; 7 meses y medio); y B) permitir el disfrute fraccionado mediante simple preaviso al empleador con 15 días de antelación.
A pesar de que, por su inclusión en el acuerdo de “Coalición progresista” de diciembre 2019, el tema parecía tener la atención adecuada y prioridad política, el Gobierno de coalición perdió su primera oportunidad de hacer honor a su compromiso al no realizar de forma rápida, al inicio de la legislatura, las (fáciles) correcciones necesarias en la regulación del permiso por nacimiento, merecedoras de un sencillo Decreto-Ley solo para ello, dada su urgencia.
En vez de eso, en septiembre de 2021 el Gobierno prefirió dar una patada hacia adelante y pasar la pelota a la recién creada “Mesa asesora por los cuidados” (“un mecanismo participativo de carácter estable de acompañamiento al Ministerio de Igualdad y al Instituto de las Mujeres en su agenda sobre políticas públicas de cuidados”). La PPIINA participó en la primera sesión plenaria denunciando que la constitución de esta Mesa suponía una maniobra dilatoria (como se comprobó después) para no implantar medidas urgentes tales como la corrección de las trampas en el permiso por nacimiento, claramente identificadas y respaldadas por la comunidad científica y por el propio Gobierno en su Acuerdo de investidura. El Gobierno hizo oídos sordos a la interpelación de la PPIINA y aunque la Jefa del Gabinete de la Ministra de Igualdad y la Directora del Instituto de las Mujeres nos aseguraron personalmente que “estaban trabajando en ello” y que “el Gobierno cumpliría sus compromisos”, pasaron los meses y la ansiada iniciativa legislativa ni aparecía ni se la esperaba, perdiéndose así la segunda oportunidad de cumplir con el compromiso escrito y con la palabra dada. Al finalizar esta Mesa, haciendo oídos sordos a las propuestas de la PPIINA y a la asesoría de las expertas académicas contratadas al efecto, el documento final de “bases por los cuidados” no ha incluido ni los datos existentes sobre la simultaneidad ni se ha posicionado en favor de reducirla y fomentar el uso alternativo de los permisos.
Simultáneamente, el Gobierno había lanzado el llamado “Plan Corresponsables” como nueva política pública para “iniciar el camino hacia la garantía del cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres, […] y desde un enfoque de garantía de derechos universales”. Entre las muy dispares acciones contempladas en el citado Plan, la corrección de las trampas del permiso por nacimiento -la medida emblemática para introducir a los hombres en la corresponsabilidad- no mereció la más mínima consideración. El Gobierno había comprado el marco discursivo de la corresponsabilidad como tarea de “toda la sociedad”, incluido el Estado, las empresas, las asociaciones, la familia, la “tribu” … quedando la necesaria participación igualitaria de los hombres diluida entre tantos actores. Corregir los permisos por nacimiento para que los hombres-padres pudieran asumir las tareas que les corresponden en el cuidado de sus criaturas debió parecer una nimiedad frente a otras acciones imaginativas más importantes como, por ejemplo, la promoción de la figura del “hombre blandengue”. Y así se perdió la tercera oportunidad en la legislatura de resolver el sencillo pero crucial asunto de las trampas del permiso por nacimiento.
La cuarta oportunidad llegó con la obligación de trasponer al ordenamiento jurídico nacional la Directiva de Conciliación de la UE, a cuya trasposición España ya llegaba tarde en septiembre de 2022. La PPIINA hizo sus aportaciones por el cauce reglamentario en la fase de audiencia pública del anteproyecto, planteando, por un lado, la corrección de las trampas del existente permiso por nacimiento dentro del articulado y, por otro, razonando que el nuevo “permiso parental” de 8 semanas que se introducía en esta ley -no remunerado y disfrutable hasta los 8 años de edad de la criatura-, no solo era contrario a la evidencia empírica respecto del diseño adecuado para fomentar la corresponsabilidad sino que, además, ni siquiera parecía cumplir con las condiciones impuestas por la Directiva. Este anteproyecto fue, sin embargo, abandonado, porque se decidió trasponer la Directiva dentro de la llamada Ley de Familias, por aquel entonces todavía en fase de elaboración. De esta forma se perdió otra nueva oportunidad para cumplir con el compromiso 7.1 del Acuerdo de Gobierno.
El proyecto de Ley de Familias llegó al Congreso de los Diputados en abril de 2023 sin incluir la corrección de las trampas del permiso por nacimiento, pero sí con el nuevo e inadecuado “permiso parental” de 8 semanas. La PPIINA ya había hecho constar una vez más sus objeciones por el cauce reglamentario durante el periodo de audiencia pública del anteproyecto, pero el Gobierno, por boca del Secretario de Estado de Derechos Sociales, nos transmitió que “no había dado tiempo” a introducir modificaciones en el proyecto de ley y que, en todo caso, la incorporación de los cambios propuestos podría realizarse en fase de enmiendas durante la tramitación en el Congreso. La corrección de las trampas del permiso por nacimiento, por tanto, se presentaba incierta y de todos modos quedó abortada por la convocatoria de elecciones generales anticipadas y el correspondiente decaimiento de todas las iniciativas legislativas. Otra oportunidad más, perdida.
Una vez convocadas las elecciones y con el Gobierno en funciones, este aprobó el Real Decreto-Ley 5/2023 para cumplir en plazo con la trasposición de la Directiva europea de Conciliación. Este Decreto no incluía la corrección de las trampas del permiso por nacimiento, pero sí el nuevo e inadecuado “permiso parental” de 8 semanas no retribuido que ya se contemplaba en el decaído proyecto de ley de Familias. Una nueva chapuza. Última oportunidad perdida, compromiso de Gobierno definitivamente incumplido.
A la vista del recorrido anterior, del posible nuevo Gobierno de coalición esperamos menos promesas y más hechos. En el acuerdo de gobierno PSOE-SUMAR para esta nueva legislatura se menciona la ampliación de los permisos por nacimiento, pero ya no hay un compromiso como el de la anterior legislatura (que, como hemos visto, no se ha cumplido) para corregir las trampas para la corresponsabilidad. O sea, que, con la miopía o la mala intención patriarcal de siempre, vamos hacia una ampliación que se vende como un avance pero que sobrecargará y discriminará a las madres. Confiamos en que alguien con poder de decisión acabe cayendo en la cuenta de lo cruciales, urgentes y necesarias para la corresponsabilidad (y a coste cero) que son las pequeñas correcciones del permiso por nacimiento que la PPIINA demanda. Y, como sea, las haga de una vez. Un pequeño paso legislativo, un grandísimo paso para la sociedad.
[1] https://www.psoe.es/media-content/2019/12/30122019-Coalici%C3%B3n-progresista.pdf